La jueza Julieta Makintach fue imputada en una causa penal vinculada al documental “Justicia Divina”, filmado durante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La investigación derivó en la acusación por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios.

Según el expediente, Makintach aceptó una propuesta de su amiga María Lía Vidal Alemán para participar del proyecto audiovisual, con la promesa de obtener beneficios económicos futuros por inversiones de terceros o regalías por imagen, “utilizando recursos públicos para fines privados”.

Además, según informó Infobae, el 9 de marzo de 2025 habilitó el acceso a los Tribunales de San Isidro a al menos seis personas vinculadas a la producción, permitiendo que el equipo se desplazara por el edificio, realizara tomas en distintas dependencias y registrara escenas dentro de su despacho, incluso con “la manipulación de los expedientes que se encontraban en la sede”. Dos días después, durante el inicio del juicio, facilitó el ingreso de la guionista, el camarógrafo y el productor, quienes “evitaron controles y filmaron escenas inéditas en el interior del edificio”. A pesar de la prohibición de la filmación, cuando una funcionaria policial intentó impedirla, Makintach “desautorizó la orden y aseguró que sus socios pudieran continuar grabando”.

Las pruebas incluyeron registros de cámaras de seguridad, testimonios de personal policial y material incautado en la productora La Doble S.A., donde se encontraron guiones y videos. Informes de la Suprema Corte bonaerense y de la Cámara de Apelaciones departamental confirmaron que no había autorización para usar el edificio judicial como set de filmación.

En su escrito, los fiscales señalaron: “Estas acciones afectan de modo directo la dignidad, independencia e imparcialidad de la función judicial, constituyendo causal autónoma de enjuiciamiento y eventual remoción”. Por ello, solicitaron el desafuero de Makintach, su declaración indagatoria y la continuidad del jury que actualmente la mantiene suspendida.

El abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Giannina Maradona, adhirió al planteo y sostuvo que “la magistrada Makintach promovió y protagonizó un emprendimiento audiovisual comercial utilizando su cargo y recursos públicos, lo que configura cohecho pasivo y otros delitos”. También planteó que “las acciones de la jueza provocaron la nulidad del proceso penal principal, generando dilaciones y revictimización para las hijas de Maradona”, y reclamó “la destitución de Makintach y la prosecución de la causa penal, argumentando que sus conductas constituyen causal autónoma de enjuiciamiento y afectan la vigencia del Estado de Derecho”.